El pasado lunes 9 de septiembre en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo se llevó a cabo la tradicional inauguración del nuevo año judicial 2019/2020 -coincidente con el año escolar-, que arranca tras las vacaciones veraniegas. En dicho acto, que fue presidido por Su Majestad el Rey y que contó con la intervención de la Fiscal General del Estado, María José Segarra Crespo, y del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes Serrano.
En este solemne acto en el Tribunal Supremo, el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo presentó la Memoria anual sobre el estado, funcionamiento y actividades de los Juzgados y Tribunales de Justicia, manifestando además en clara referencia a la próxima sentencia sobre el “procés” que «la injusticia es un veneno que resulta letal para la convivencia».
Por su parte, la Fiscal General del Estado leyó la Memoria anual sobre la actividad de la fiscalía, la evolución de la criminalidad, la prevención del delito y las reformas convenientes para una mayor eficacia de la justicia, haciendo especial hincapié en la “lacra” que supone la violencia de género en nuestro Estado de Derecho y “sobre la suficiencia de los medios disponibles y su irregular despliegue a lo largo del territorio nacional».
Y es que este nuevo año judicial comienza revuelto a orillas del Manzanares, con los poderes Ejecutivo y Judicial en funciones, y con el Legislativo a punto de disolverse para convocar nuevas elecciones generales en el día de la marmota española.
Ya que también el poder Judicial tiene que renovarse mediante acuerdo de las Cortes Generales. De hecho, el próximo mes de diciembre el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, al igual que los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial, cumplirán un año en el ejercicio de sus respectivos cargos en funciones.
En fin, que comienza el año judicial con los deberes todavía por hacer, y por si fuese poco, con la sentencia del “procés” en el horizonte. Un desafío de considerables dimensiones, que nos permitirá testar la (in)madurez de nuestra Democracia. Pero no sólo eso, también tenemos cercanos los juicios mediáticos de los “pequeños” Gabriel y Julen. Y la próxima sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la abusividad o no del índice hipotecario IRPH, en la que se estima que está en juego la devolución de 44.000 millones de euros a los consumidores afectados. Casi nada.